La demandante exigía que la zona en cuestión se declarara de su propiedad.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega ha desestimado íntegramente la demanda de una vecina, Olga Cabeza, que pedía que determinado terreno, ubicado delante de su vivienda, en Novales, fuera declarado de su titularidad y no de otro vecino colindante, Antonio Romero, ni tampoco un camino público. La demandante pedía por tanto a los codemandados, el vecino y la Junta Vecinal, reconocer un derecho de propiedad exclusivo sobre el bien inmueble.
Por su parte, la Junta Vecinal de Novales alegó que es un camino público, oponiéndose a la configuración de dicho terreno como privado.
La parte demandante adquirió por herencia la finca descrita en su referencia catastral y por lo tanto lo adquirido es lo que consta en el catastro y nada más. Eso no incluye la franja que reclama como propia, pues en este registro oficial aparece como terreno público.
Además, aunque pudiera ser privada la franja de terreno que queda delante de las dos casas, dice el juez, “en modo alguno ha quedado acreditado en los términos que pretende la demandante”.
“La impresión que se obtiene es que en el pasado era una corralada propiedad privada de ambas fincas pero que no viene a nombre de nadie y dado que se usa desde hace más de treinta años no puede la demandante pretender que es suya en exclusiva”, se expone en la sentencia, donde se añade que en “en el pasado repartieron su uso entre uno y otro vecino mediante una división portátil, una malla, pero eso no implica dividir la propiedad en los términos que plantea la demanda”.
Se concluye por tanto que la sentencia ha de ser desestimatoria. Primero, porque esa franja de terreno no se incluye en el título de adquisición que describe su objeto en relación a lo que consta en el catastro. Y segundo, porque es propiedad de ambas casas o bien es, como señala la Junta Vecinal, un vial de propiedad pública, pues como afirma el testigo perito González Saiz, arquitecto técnico, esa zona aparece como pública en el catastro claramente delimitada al menos desde 1983.
La demandante, Olga Cabeza, deberá asumir el abono de las costas procesales al no tener razón en su demanda, tras la absolución de la Junta Vecinal de Novales y Antonio Romero.